En el informe reciente presentado por la Banca de las Oportunidades se presentó al país los avances positivos que ha tenido Colombia en inclusión financiera. En los últimos 10 años, el país ha pasado de una inclusión (adultos con algún producto financiero) del 55,5% al 81,4%. El informe también hace referencia al reto de incluir a 6.3 millones de adultos que no cuentan con ningún tipo de servicio financiero, especialmente en la ruralidad donde tenemos una gran brecha entre la ruralidad dispersa y los centros urbanos, 55,4% contra un 88, 7% respectivamente. Igual sucede con los pobres, la inclusión financiera de las personas del primer quintil de ingresos es del 90,0%, mientras que los del último quintil es del 63,2%.
La inclusión financiera es sinónimo de una sociedad incluyente, que se moderniza, que tiene cultura del ahorro, que reduce los costos transaccionales, y así mismo, es muestra de un sistema financiero sólido que es capaz de soportar el flujo de la economía incluso en épocas de crisis económicas.
A pesar de los avances en inclusión, el Congreso de la República ha presentado un par de iniciativas que pueden borrar con el codo lo que se ha escrito con la mano durante los últimos 10 años por todos los actores del sistema. Una de las iniciativas pretende modificar la manera como se reportan los hábitos de pago en las centrales de crédito, lo cual modifica como efecto inmediato el aumento de requisitos para el acceso al crédito, afectando al 95% de los colombianos que pagan bien sus obligaciones y excluyendo a los más pobres del servicio de crédito. Por ejemplo, en Bolivia implementaron una iniciativa similar, inmediatamente los intermediarios financieros soportaron las políticas de crédito y como efecto se incrementó directamente el valor promedio del crédito, en otras palabras, se dejaron de hacer muchos créditos pequeños, ergo,
Otra iniciativa radicada hace pocos días, busca eliminar los informes negativos de obligaciones con un saldo menor a 10 mínimos mínimos diarios legales ($ 276.000 a 2019), lo que podría motivar a la cultura de no pago de estos saldos, lo que a su vez llevaría endurecer las políticas de crédito, ergo, a excluir a los más pobres del sistema. ¿Y quién tendría el impacto para las entidades financieras? Un microcrédito vigente puede tener un saldo promedio de 2.3 millones, con una cuenta sencilla, se intuye que, en caso de aprobarse esta ley, sin obligación de motivación para pagar el 10% de ese crédito. Así, una cartera nacional de microcrédito de 15 billones podría perder de tajo el 10%. Además de los efectos en las demás carteras del sistema. Y como ya lo dijimos,
El presidente Duque en su intervención en la presentación del informe de inclusión financiera manifestado su preocupación por los colombianos que están excluidos del sistema por deudas menores, creo que hay una intensión loable detrás de ello. Pero el mecanismo para lograrlo no debe ser a través de bandazos legislativos sino en una co-creación técnica con la industria, donde se facilitan las opciones de pago para los deudores y en la que todos los informes para que gane el país con una mayor inclusión financiera, y sobre todo, que se preserva un principio fundamental de toda sociedad y sistema financiero: la CONFIANZA.