Por Fabio Andrés Montoya
(Artículo del periódico El Colombiano)
Este año se ha actualizado la política pública de emprendimiento, primero, el Conpes de emprendimiento y a renglón seguido la nueva ley, instrumentos que traen unas mejoras incrementales a la actividad emprendedora. Antes de analizar sus oportunidades y retos, resalto la articulación interinstitucional que hicimos desde Antioquia para apoyar la construcción de esta ley. Con el Centro de Estudios de la Empresa Micro (CEM) y la Mesa Interinstitucional de Emprendimiento (liderada por Proantioquia) nos pusimos en la tarea de estudiar el proyecto y hacer comentarios al gobierno.
Esta ley introduce varios cambios, por espacio, solo comentaré algunos de ellos. Lo primero es que se empieza a introducir el concepto de gradualidad y proporcionalidad, reflejado en la ley con las tarifas del Invima y del Impuesto Departamental de Registro, las cuales se pagarán de acuerdo con el tamaño de la empresa, lo que permitirá que muchas empresas micro inicien su ruta de formalización; aquí el reto es que este concepto se extienda a otros costos regulatorios y fiscales de la actividad empresarial. Otro beneficio es que se crea una contabilidad simplificada para la microempresa facilitando la manera y costo de llevar la información contable.
La ley introduce una Arena Regulatoria, una especie de laboratorio para probar políticas públicas, por ejemplo, ensayar mecanismos de formalización y financiación y si son viables extenderlos a todo el mercado. Cuarto, la Ley se articula con el Conpes de Emprendimiento, lo cual implica el desarrollo de programas que trabajan en el “ser” y el “saber” para el emprendimiento, la construcción de redes empresariales, conexión con mercados, innovación entre otros. Es clave que el país continúe trabajando en el fomento de la educación y cultura emprendedora, con recursos y programas.
Innpulsa se convierte en una gran agencia nacional de emprendimiento, quien coordinará los distintos esfuerzos públicos haciéndolos más eficientes. El riesgo es que Innpulsa queda con un tamaño tal que la hace muy atractiva a las disputas burocráticas poniendo en riesgo su carácter técnico.
La Ley genera incentivos por parte del Estado para la participación de las mipymes en los procesos de compras públicas, mediante el favorecimiento en los procesos de contratación y el establecimiento de criterios diferenciales para la selección del contratista. El reto es que se les enseñe cómo participar y que se les permita presentar indicadores de acuerdo con los informes financieros de la contabilidad simplificada. Séptimo, se podrá utilizar recursos de las Cajas de Compensación no solo en los cesantes sino también en el fomento empresarial.
En el desarrollo de toda ley quedan temas pendientes; consideramos que el mayor de ellos fue la definición de un nuevo piso de formalidad para las microempresas más pequeñas y trabajadores por cuenta propia, quienes reflejan una realidad social y económica y que no podemos seguir rotulándolos simplemente como “informales”, sino que podamos desarrollar programas para acompañarlos en sus rutas de crecimiento o en el mejoramiento de su condición.
Finalmente, el reto más grande que deja esta ley es el de la reglamentación, la cual no quedó dentro del texto aprobado, corriendo el riesgo que varios artículos queden como un saludo a la bandera. Así, es clave que acompañemos y exijamos al Gobierno su pronta y adecuada reglamentación.
Esta pandemia nos ha mostrado la vulnerabilidad y también el valor de tener y hacer empresa en Colombia, confiamos que esta ley dé un impulso a tan importante actividad para el desarrollo social y económico de nuestro país.
* Director Ejecutivo Interactuar